Ecuador

China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente, para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. Desde que el primer préstamo chino llegó a Ecuador en el 2009 se han otorgado créditos por un total de USD 12.490 millones, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período (USD 10.165 millones).

Este resultado, no sólo involucra una mayor dependencia política y económica con China, sino también que las empresas chinas acaparan el mayor número de contratos públicos de obras de gran tamaño. La presencia de empresas y filiales chinas ha supuesto graves impactos socio ambientales que se han derivado en conflictos de gran intensidad. Entre estos impactos se observan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, expresadas en: la vulneración al derecho de consulta previa y participación de comunidades locales; el desplazamiento y desalojo forzoso de comunidades enteras; la criminalización de la protesta social de líderes indígenas; el irrespeto a la intangibilidad de territorios ancestrales;  en violaciones a los derechos de los trabajadores; la contaminación ambiental de zonas cuya riqueza natural es invaluable, como el Parque Nacional Yasuní y la Cordillera del Cóndor.

Proyecto Mirador: afectaciones a la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI): Mirador es un proyecto de minería a gran escala a cielo abierto cuyos depósitos contienen materiales de cobre, plata y oro. Desde el 2010, el proyecto está concesionado a la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio China Railway Construction Corporation Limited CRCC y Tongling Nonferrrous Investment Co. Ltd. (TNM). La relación del proyecto con China, inicia en marzo de 2012, con la firma del contrato de explotación entre este consorcio y el Gobierno ecuatoriano, por un plazo aproximado de 25 años renovables. Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera fase de explotación.

Las actividades mineras de ECSA afectan a las comunidades indígenas y centros poblados de 27 zonas. De acuerdo a CASCOMI el proceso de concesión, otorgamiento de permisos ambientales y firma del contrato, se llevó a cabo sin ningún procedimiento de consulta previa o ambiental, derecho ampliamente reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución ecuatoriana. Así mismo, CASCOMI ha denunciado públicamente que ECSA ha utilizado tácticas cuestionables para ocupar las tierras de comunidades indígenas y campesinas, a fin de instalar las facilidades del proyecto (por ejemplo: manipulación del precio de las tierras, desalojo de familias y destrucción de espacios de esparcimiento comunal). Por otra parte, los trabajadores de las comunidades aledañas han denunciado maltrato, despidos ilegales y accidentes previsibles en el lugar de trabajo.

Finalmente, se encuentran las violaciones al derecho a vivir en un ambiente sano reconocido por el artículo 12 del PIDESC y varios instrumentos internacionales, como la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 45/94, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente. Debido a que el proyecto Mirador tiene graves implicaciones ambientales que privan a las comunidades de las condiciones necesarias para garantizar una vida adecuada, salud, así como su soberanía y seguridad alimentaria. Una de las principales preocupaciones de las comunidades, son los impactos en los 227 nacederos y fuentes de agua que están ubicados en la zona de influencia de la explotación.

Proyecto San Carlos Panantza: afectaciones al Pueblo Shuar Arutam (PSHA): El proyecto minero San Carlos-Panantza fue concesionado a la empresa Explorcobres S.A. (EXSA), para la explotación de yacimientos mineros de cobre y otros materiales. Desde mayo de 2010, EXSA pertenece a la compañía china CRCC, Tongguan Investment CO, la cual suscribió un contrato de exploración y explotación con el Gobierno ecuatoriano con una vigencia aproximada de 25 años. Actualmente, se están gestionando las actividades para el reinicio del proyecto, que se encuentra en su fase de exploración avanzada.

Las tierras ancestrales del PSHA se localizan en la Cordillera del Cóndor. Las comunidades afectadas por la explotación serían: 47 centros comunitarios donde habitan más de 2 mil familias, en una extensión de 230 mil hectáreas. Así,  la exploración minera violenta los derechos humanos de 4 centros Shuar (Nankints, Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus). Esto incluye: heridos producto de bombas incendiarias, heridos de bala de alto calibre, más de 80 niños, mujeres embarazadas y adolescentes desalojados forzadamente de sus casas, y más de 60 niños que perdieron el acceso a la educación en sus respectivos establecimientos.

Explotación petrolera en los bloques 79-83 y su afectación a territorios indígenas: En noviembre de 2012 el Estado ecuatoriano convocó oficialmente a la licitación de 13 bloques petroleros ubicados en la Provincia de Pastaza, en el sur-oriente amazónico de Ecuador.  El 4 de febrero de 2014, la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador (SHE) anunció que la oferta presentada por Andes Petroleum para los Bloques 79 y 83 fue aceptada.

El Consejo de Gobierno de Sarayaku rechazó la firma de tal convenio, argumentando que la exploración y explotación petrolera del Bloque 79 afectará 6.700 hectáreas de su territorio, indicando una violación explicita a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, que prohíbe nuevas exploraciones petroleras en su territorio. Sin embargo, a pesar de la sentencia, se ha continuado con incursiones inconsultas en su territorio, incumpliendo con la decisión de la Corte frente al derecho de ser consultados de forma previa, libre e informada, en términos de buena fe, procurando el consentimiento y bajo estándares internacionales.

Las Naciones Sápara y Shiwiar son particularmente sensibles a la incursión de actividades extractivas en su territorio, porque cuentan con una población aproximada de 559 y 697 personas respectivamente. Sin embargo, a pesar de la necesidad de mantener su entorno natural y social intacto para evitar la extinción de sus culturas, la empresa ha hecho caso omiso a los pronunciamientos de rechazo de estos pueblos indígenas frente al desarrollo arbitrario de la actividad petrolera en sus territorios ancestrales.

Ante el rechazo manifiesto de las organizaciones sociales se judicializaron por agresión a 9 dirigentes indígenas del Centro Sur de la Amazonía. Entre los cuales se encuentran Bartolo y Gloria Ushigua de la nación Sápara, dirigentes criminalizados por defender su territorio.

El 28 de enero de 2016 las nacionalidades afectadas rechazaron la firma del convenio para la exploración y explotación de los Bloques 79 y 83. Según la SHE, en la consulta participaron 278 comunidades, sin embargo  no se precisa el número de personas en cada comunidad. No obstante, según la información de la Fundación Pachamama, el número de comunidades afectadas por la XI Ronda Sur-oriente es de 719, es decir que se consultó únicamente al 39% del total de comunidades.