República Popular China es el principal socio comercial de Bolivia. Además, desde 2015, China se convirtió en su principal acreedor concentrando el 15% del total de su deuda externa. Por otro lado, su influencia se cristaliza con la presencia de empresas operadoras legalmente registradas, siendo más de 100 en el año 2016. En esta misma línea, el Estado chino concentró en 2016, el 17,99% de las importaciones y se convirtió en el quinto receptor de exportaciones de minerales.

Como consecuencia de la estrecha relación entre ambos Estados, en abril de 2015, la petrolera estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) firmó contrato exploración sísmica 2D de hidrocarburos en el Bloque petrolero Nueva Esperanza, ubicado en la cuenca del Río Madre de Dios, en la Amazonía norte del departamento de La Paz. El contrato se celebró con la Asociación Accidental BGP, filial de la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), por un monto de USD $57 millones.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Contacto forzoso de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV): Con la exploración petrolera del Bloque Nueva Esperanza, BGP ha generado afectaciones en aproximadamente 1.008 Km. de selva. Sobre todo, si se toma en cuenta que dicho Bloque, se superpone con los territorios del PIAV Toromona y el territorio del Pueblo indígena Tacana. Solamente la presencia de la empresa constituye una amenaza inminente a la existencia del PIAV, los impactos de la exploración  involucra el uso de 190.000 Kg. de explosivos para el trazado de 21 líneas sísmicas de 48 km. y 20.160 detonaciones de explosivos en cada una.

En agosto de 2016, el PIAV Toromona empezó a dar muestras de estar siendo presionado en su territorio por la actividad exploratoria. Entre septiembre y noviembre de ese año, sucedieron múltiples eventos que no solo evidenciaron la existencia del PIAV Toromona, sino también la creciente sensibilidad y alto riesgo de desencadenar situaciones de violencia. Frente a estos acontecimientos, YPFB se comprometió a elaborar un protocolo de protección para pueblo en aislamiento que está incluido en el Estudio de Impacto ambiental (EIA), sin embargo, no se ha implementado. Esta inobservancia de la empresa incurre en la violación de las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Asilamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la región Oriental del Paraguay.

Créditos: Jimena Mercado ANF – Bolivia

A pesar de la solicitud de los indígenas Tacana y sus monitores ambientales de adoptar las salvaguardas del EIA y la paralización de actividades para evitar el contacto forzado del pueblo Toromona, la empresa hizo caso omiso a esta solicitud. Al momento la exploración sísmica en el Bloque Nueva Esperanza ha concluido, sin embargo, el riesgo para el pueblo no contactado se mantiene latente para las siguientes fases. Además, se tienen indicios que las zonas de movilidad de este pueblo también comprometen el Bloque petrolero Río Beni (contiguo al Bloque Nueva Esperanza), en el cual BGP adquirió el contrato el 2017 para realizar otra labor de exploración.

Impactos a los medios de vida, amenazas a la integridad física y cultural del pueblo indígena de la Tacana: El pueblo Tacana vive de la caza y la recolección, recolección de castaña y pesca de Paiche como fuente de ingreso económico, así como aprovechamiento de especies forestales maderables, teniendo además relevancia el uso de plantas medicinales.

La exploración conllevó acuerdos preliminares con YPFB para el cuidado del bosque y el territorio Tacana, así como salvaguardas del PIAV Toromona. A pesar de estos compromisos la actividad exploratoria ha propiciado la presencia de 1.500 trabajadores distribuidos en un campamento base, ocho campamentos fijos y 200 campamentos móviles. Así también, la instalación de 200 helipuertos emplazados para transportar personal, equipo y maquinaria.

Monitores Socioambientales Indígenas de CITRMD

Monitores Socioambientales Indígenas de CITRMD

Relativo a esta ocupación desmedida del territorio, se ha constatado la destrucción de los medios de vida del pueblo indígena Tacana, encontrando árboles de castaña mutilados, palmares sujetos a detonación de descargas, las fuentes de agua utilizadas a discreción, las cuencas de ríos irrespetados; y trabajadores que recurrían a la caza y la pesca según necesidad. Además, los animales de monte han huido de la zona y existe una afectación severa a los ríos y arroyos de los que depende el acceso agua de las comunidades, esas fuentes de agua han perdido caudal y los peces han desaparecido; perdiendo gran parte de su principal fuente de proteína.

Criminalización, violación al derecho al trabajo y acceso a la justicia: Por el incumplimiento de acuerdos suscritos entre la empresa y el pueblo Tacana, en torno a la implementación del protocolo de PIAV, se generaron tensiones con los monitores indígenas-quienes actúan como veedores ambientales. Estas tensiones se suscitaron por los indicios de contacto forzado con el pueblo Toromona y las acciones de autoprotección asumidas por la organización Tacana. Frente a esta problemática, la empresa dio por terminada la relación contractual con los monitores ambientales.

En este contexto, la empresa decidió iniciar un proceso judicial al Coordinador de los monitores socioambientales Tacanas, bajo falso cargo de secuestro (a pesar de que el Coordinador no se encontraba presente en el supuesto lugar y momento de los hechos denunciados). Si bien este proceso judicial finalmente fue retirado por la empresa, logró su propósito de evitar la fiscalización estricta de los Tacanas generando los daños ambientales y a los medios de vida que se han expuesto.  Este caso es el único que alcanzó instancias judiciales, sin embargo, existen múltiples testimonios de trato discriminatorio y maltrato que no llegan a instancias formales por desconocimiento y limitado acceso a la justica.