Perú presenta ante la ONU cuatro casos de violación de DD.HH. de empresas Chinas
Fueron expuestos ante sesión paralela a la de la ONU las violaciones de derechos humanos de cuatro proyectos mineros dirigidos por empresas de capitales chinos: Las Bambas, Chinalco, Shougang y Río Blanco Cooper.
En el marco del tercer Examen Periódico Universal de China, EPU, que se realizará en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU el 6 de noviembre, representantes de Perú y de otros cuatro países (Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador) que forman parte del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), participaron en la Sesión paralela de la ONU, donde compartieron información y testimonios sobre las graves violaciones a los derechos humanos que generan 18 proyectos que operan con financiamiento chino en territorios latinoamericanos. Entre los casos expuestos están cuatro casos de empresas mineras de capitales chinos en el Perú: Las Bambas en Apurímac, Chinalco en Junín, Shougang en Ica y Río Blanco Cooper en Piura; proyectos que representan más de 17 mil millones de dólares de inversión en el Perú.
En estos cuatro casos de acuerdo al informe alternativo presentado a la ONU, se sustenta que se vienen vulnerando los derechos humanos, derechos laborales y sindicales, el derecho a la tierra y el territorio, el derecho a la vida y a la integridad de las comunidades indígenas y campesinas.
En el caso de la mina Las Bambas, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y la población en general de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, han protestado porque no se han producido procesos de consulta previa y participación ciudadana, para producir modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Han protestado por el polvo, la vibración y el ruido que produce el tránsito de 370 camiones diarios por una carretera sin asfaltar, la misma que no fue incluida en el EIA, y que atraviesa los territorios de 18 comunidades campesinas. El conflicto suscitado por este y otros temas ha tenido el lamentable saldo de 4 personas fallecidas por disparos de bala, de manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, en el marco de un Convenio de Seguridad firmado entre la comandancia policial y la empresa minera. La Mesa de Diálogo que se instaló entre el Gobierno Nacional, las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC y la Empresa china MMG ha sido suspendida inconsultamente desde fines del 2016. Las OSC vienen demandando la reanudación del diálogo para atender temas urgentes como la reparación a las familias de las víctimas, la realización de una Actualización del EIA y la celebración de un Convenio Marco de Responsabilidad Social entre la empresa MMG y la población.
“El proyecto minero representa una problemática para nosotros las comunidades campesinas porque nuestros derechos están siendo violados, estamos siendo criminalizados y no existe ningún compromiso sostenible de la empresa para nuestros pueblos y comunidades campesinas”, sostuvo Víctor Limaypuma, representante del Frente de Defensa de Cotabambas, Apurímac, quien expuso las condiciones bajo las que opera el proyecto minero Las Bambas.
En el caso del proyecto Toromocho, la población de la ciudad de Morococha fue desplazada a una nueva ciudad; sin embargo, la población reubicada denuncia el incumplimiento del EIA del Reasentamiento, el cual forma parte del EIA del proyecto Toromocho cuyo titular es la empresa estatal china Chinalco. Sostiene que, el reasentamiento, lejos de mejorar su calidad de vida, como fue comprometido, se ha venido deteriorando debido a que la nueva ciudad no cuenta con condiciones para desarrollar actividades económico-productivas que permitan el sustento diario de las familias. Asimismo, señalan que Nueva Morococha ha sido construida en una zona de alto riesgo ambiental, debido a la cercanía a una laguna de relaves y al hecho de haber sido construida sobre un bofedal (pantano) que hace que exista un alto porcentaje de humedad con los consecuentes impactos en la salud de la población. Actualmente, en la Antigua Morococha todavía se encuentran viviendo entre escombros más de 60 familias, quienes no quieren reubicarse en la nueva ciudad, debido a la ausencia de oportunidades laborales y la falta de condiciones de salubridad.
En el caso de la mina Marcona operada por la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Group, uno de los principales problemas es que a pesar de que Shougang tiene una alta rentabilidad en sus operaciones, las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores no son las adecuadas. Mientras que las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones. Los trabajadores de Shougang denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias. Shougang ha negado reiteradamente el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.
Así, la empresa china Shougang mantiene un historial de prácticas que vulneran los derechos laborales desde hace 26 años con un récord de 16 huelgas por parte de los trabajadores. “Las remuneraciones que Shougang otorga están por debajo del promedio de la gran minería; además, las condiciones de trabajo son precarias y se producen despidos y amenazas a los trabajadores de manera permanente”, mencionó Nelly Ledesma, Asesora de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú en su intervención frente a la sesión.
Finalmente el caso del proyecto minero Río Blanco operado por el consorcio chino Zijin, es un proyecto que tiene como antecedente la usurpación de tierras, actúa sobre el territorio de comunidades campesinas de manera irregular desde mediados de los años noventa. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto Río Blanco son: las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) en Piura y las comunidades y poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), en tanto el principal río de dicha localidad (Chinchipe) tiene sus nacientes en los páramos y bosques de neblina de ésta zona. Los pobladores de las comunidades campesinas afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. De realizarse la actividad minera se afectaría irreversiblemente este ecosistema.
Julia Cuadros, miembro ejecutivo de CooperAcción señala que lamentablemente las empresas que invierten en nuestros países, en la medida en que nuestras legislaciones nacionales y nuestros marcos institucionales sean débiles, se aprovechan de esa situación y violan derechos. El tema está en que la violación de derechos no es solo responsabilidad de quien viola directamente, sino también de los Estados a los que responden esas empresas.
Hasta este momento, los delegados de la CICDHA −cuyo objetivo es exigir al Estado Chino proteger, cumplir y respetar los DD.HH. de las comunidades afectadas por las actividades extraterritoriales de las empresas chinas− se han reunido con las Misiones de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Nepal, Noruega, los Países Bajos, Finlandia, Francia, Australia, Colombia, Uruguay y Nueva Zelanda.
Las reuniones que prosiguen serán con la Relatora Especial de Pueblos Indígenas de la ONU, a la que asistirán cuatro representantes de pueblos indígenas latinoamericanos, y una reunión paralela con las Misiones de Irlanda y Suiza, a la que asistirán representantes de la CICDHA.
Cabe señalar que el Colectivo de la Sociedad Civil está integrado por organismos no gubernamentales como: CooperAcción, Aprodeh, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Red Muqui, Perú Equidad, EarthRights International, Veecht Mee Tegen Onrecht, el Sindicato de Obreros Mineros de Shougang Hierro Perú, el Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y la Federación Provincial de Mujeres de Cotabambas.
