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En la última década, el contexto de las actividades extractivas y energéticas se ha desarrollado por la creciente diversificación de actores económicos interesados en establecerse en territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Lo alarmante de estas contradicciones es la proliferación de casos de criminalización, desapariciones forzadas, asesinatos y detenciones indebidas, por parte de los actores y los gobiernos, cuyo efecto atemorizante e inhibidor termina por obstaculizar el libre ejercicio de los derechos de organización y protección defensor de la vida.Este contexto, constituye un escenario de peligro y limitaciones para las comunidades campesinas e indígenas, especialmente para las Defensores y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, quienes sufren un rol fundamental en la exigibilidad de sus derechos colectivos.
Este es el caso del financiamiento y las inversiones chinas, un actor emergente que se ha convertido en el primer financista de proyectos de desarrollo y en el segundo socio comercial más importante de América Latina. La gran mayoría de estos préstamos e inversión directa, se ha focalizado en la extracción de recursos naturales, obras de infraestructura y en la exportación de materias primas. Todos estos sectores se han modificado por el beneficiario de los intereses de las empresas, los daños de los derechos de las y los trabajadores, así como profundizar las desigualdades en las comunidades afectadas y generar disputas asociadas al acaparamiento y escasez de los recursos naturales.
En ese contexto, en 2018, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), publicaron un informe regional que examina la situación de Derechos Humanos en 18 proyectos de desarrollo chino en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, en el marco del Tercer Examen Periódico Universal de China. Gracias a este proceso de incidencia, China acepta un conjunto de recomendaciones que hacen clara alusión a generar acciones afirmativas para confirmar el respeto y protección de los derechos humanos en las actividades que realizan estos actores por fuera de sus fronteras.
En consecuencia a este resultado, es necesario analizar y discutir sobre el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, establecer una agenda que esté en concordancia con estos avances en el Sistema Universal de Derechos Humanos, así como, debatir sobre la responsabilidad internacional de los Estados de origen de las empresas chinas y otras empresas, que vienen los derechos de terceros en países ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Objetivos del evento:
- Visibilizar la existencia de grupos y organizaciones defensoras de derechos humanos que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, y analizar los patrones en los comportamientos de los Estados latinoamericanos y de las empresas que permiten la violación de derechos colectivos, fundamentalmente los que se encuentran a derechos de los pueblos indígenas, derecho al consentimiento libre, informado y previo y derecho al medio ambiente sano de los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Analice las posibles estrategias legales y de incidencia para ampliar los mecanismos de protección a defensores y defensores de Derechos Humanos en el contexto del financiamiento y la inversión extranjera.
 
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