Colectivo de Inversiones Chinas denuncia a nivel internacional el espionaje de la inteligencia argentina contra uno de sus miembros
El Colectivo sobre Inversiones Chinas Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA, ha denunciado a nivel internacional que uno de sus miembros, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales- FARN de Argentina, ha sido objeto de espionaje ilegal por parte de los organismos de inteligencia de ese país.
Es por esa razón que las instituciones integrantes del Colectivo realizaron una gestión en apoyo a FARN y enviaron una carta a Valeria Guerra, asesora de Derechos Humanos para Argentina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 10 de junio pasado, para expresar su preocupación por este caso.
Como resultado la de la carta, el día de hoy, martes 16 de junio, una delegación del CIDCHA se reunió con Valeria Guerra, para expresar su respaldo al equipo de trabajo de FARN que se han visto afectados por estos actos de espionaje.
En esta reunión participaron también Ana Paula de Souza, Oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH en Ginebra; Ignacio Roncagliolo, Asesor de la Oficina para América del Sur del ACNUDH; Paula Berruti, Oficial de Derechos Humanos; y Jan Jarab, Representante en América del Sur de la OACNUDH.
Los representantes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas en la región, manifestaron su solidaridad con los integrantes de la FARN y también propusieron algunas líneas de acción a continuar en este proceso de denuncia, prevención y de protección.
Cabe recordar que tanto la Fundación en general como sus miembros María Marta Di Paola, Enrique Maurtua Konstantinidis y Pía Marchegiani figuran ahora entre las más de 500 personas e instituciones espiadas ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
El espionaje se habría debido a que las personas mencionadas participaron en espacios de discusión como los de la Organización Mundial del Comercio, encuentros del G-20 y del grupo de Sociedad Civil 20. En ese sentido, FARN señala que esta es una práctica inaceptable debido a que según la norma nacional que regula a la AFI, “ningún servicio de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por su opinión política o pertenencia a una organización social (Artículo 4, inciso 2, Ley N° 25.520)”.
Ante esto el CICDHA exige que las autoridades argentinas otorguen protección a las personas que fueron víctimas de este espionaje, en especial de las mujeres que ejercen un rol de defensoras, y que se les permita conocer el uso que se pudo haber realizado de sus datos personales. Se insta a que las autoridades judiciales argentinas investiguen este hecho y sancionen a los responsables, para que se sienta un precedente de estas prácticas que afectan el respeto a los derechos humanos. Así mismo, dada la gravedad de esta acción antidemocrática, se insta también a que las instituciones internacionales de Derechos Humanos contribuyan en la reparación de las víctimas.
Lea el pronunciamiento del Colectivo sobre Inversiones Chinas Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA en solidaridad con FARN de Argentina y las organizaciones firmantes en este enlace:
Pronunciamiento CICDHA caso espionaje FARN junio 2020
Vea el comunicado de FARN sobre este caso a continuación:
COMUNICADO
Nos espían como represalia por fortalecer las prácticas democráticas
Tres integrantes del equipo de trabajo de FARN figuran entre las más de 500 personas espiadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); la mayoría de ellas, periodistas o parte de una organización social. FARN repudia esta y cualquier otra práctica ilegal ejercida contra quienes buscan fortalecer el debate público y el diálogo institucional en el marco de la democracia, y recalca lo inadmisible del avance de este accionar ilegítimo por sobre derechos fundamentales en la Argentina actual.
María Marta Di Paola, Enrique Maurtua Konstantinidis y Pía Marchegiani participaron en representación de FARN de instancias de discusión planteadas tanto en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, como en encuentros del G-20 durante 2018, además de formar parte del grupo de Sociedad Civil 20 (C20), espacio institucional oficial para el intercambio que propone este foro internacional. En virtud de su participación en estos ámbitos, tanto la Fundación en general como Di Paola, Maurtua Konstantinidis y Marchegiani en particular figuran ahora entre las más de 500 personas e instituciones espiadas ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
La utilización de sus datos personales, con fines que aún se desconocen, constituye una práctica ilegal inaceptable en un contexto democrático en tanto, según la propia norma que regula la labor de la AFI, “ningún servicio de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por su opinión política o pertenencia a una organización social (Artículo 4, inciso 2, Ley N° 25.520)”.
Todo accionar de la Agencia debe, por el contrario, ajustarse de forma estricta a lo que dispone la Constitución Nacional; esto es, respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de publicación de ideas sin censura previa, entre otros de fundamental importancia para la protección del derecho al ambiente sano, tales como el libre acceso a la información pública y la participación ciudadana.
FARN recalca lo inadmisible del avance de estas prácticas ilegales por sobre derechos fundamentales, y reclama un necesario y urgente debate público en relación a los límites del sistema de inteligencia, que debe perseguir fines legítimos de defensa y seguridad nacional siempre dentro del marco que establece el propio sistema de legalidad y razonabilidad constitucional en un contexto de democracia. Es decir, nunca afectar derechos y garantías amparados por la Constitución y ser permanentemente sometido a un estricto control democrático para jamás caer en la discrecionalidad de un poder de turno.
La democracia en general y la democracia ambiental en particular deben garantizar el ejercicio de derechos sin miedo a represalias; un espionaje como este busca, por el contrario, amedrentar a las personas para que se abstengan de emitir opiniones críticas o “disruptivas” que permitan repensar la organización de la sociedad y/o la orientación del desarrollo a los que debe aspirar la Argentina.
Por todo lo expuesto, FARN expresa su más enérgico repudio al espionaje ilegal realizado por la AFI tanto contra los integrantes de su equipo de trabajo como contra periodistas y colegas de otras organizaciones sociales, accionar que no tiene explicación ni merece atenuantes; manifiesta que realizará todas las acciones legales e institucionales necesarias para esclarecer este lamentable hecho como así también para brindar protección a sus integrantes; y agradece la solidaridad recibida al tiempo que expresa la suya para con quienes padecen esta persecución antidemocrática injustificable.
16 de junio de 2020
