El martes 6 de noviembre, se realizó en Ginebra el tercer Examen Periódico Universal (EPU) de la República Popular de China (RPC). En la sesión, participaron 151 Estados interesados en trasladar recomendaciones específicas para mejorar la situación de derechos humanos de la RPC. En su discurso introductorio, la delegación china destacó su compromiso con las Naciones Unidas (ONU) para desarrollar una agenda de derechos humanos con características chinas. Declarando que harán todos los esfuerzos necesarios para acoger las intervenciones de los países miembros; sin embargo, advirtieron que habría recomendaciones que no serían aceptadas si no están alineadas con sus políticas nacionales.
En este ciclo, China recibió un número importante de contribuciones desde la sociedad civil latinoamericana, que hacen referencia al impacto generado por sus empresas y bancos en la región. Entre estas contribuciones, se encuentran los ocho informes presentados por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que exponen la preocupante situación de derechos humanos en 18 proyectos chinos en América Latina cuyo impacto social y ambiental es alarmante.
En el contexto del EPU, se pudo apreciar que varios países fueron receptivos a las demandas de la sociedad civil latinoamericana y de organizaciones internacionales, expresadas en cuatro recomendaciones al Estado chino referidas a reducir el impacto de sus empresas en el extranjero. De esta manera, la Misión Permanente de Ecuador reconoció los esfuerzos de China para luchar contra la corrupción y la promulgación de 28 nuevas leyes con contenido relativo a DDHH. Sin embargo, el delegado de Ecuador fue enfático al recomendar al gigante asiático la necesidad de promover medidas adecuadas que “garanticen que los proyectos de desarrollo e infraestructura, dentro y fuera de su territorio, guarden plena consistencia con los DDHH, el respeto al medioambiente y la sostenibilidad con los recursos naturales en línea con la legislación internacional y nacional aplicable y los compromisos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible”.
Asimismo, la Misión Permanente de Kenia recomendó al Estado chino “continuar extendiendo las regulaciones y normas, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, a las compañías chinas que operan más allá de sus fronteras”. Y en esta misma línea, Perú, desde un espíritu constructivo, solicitó “considerar el establecimiento de un marco legal para garantizar que las actividades que realizan las industrias sujetas a su jurisdicción, no afecten negativamente los DDHH en sus actividades en el extranjero».
Finalmente, el Estado de Palestina recordó a China que en el ciclo anterior del EPU, se comprometió a promover la protección de los derechos humanos, incluyendo las áreas de empresas, y a generar avances sobre las violaciones cometidas por corporaciones que tienen impacto adverso tanto ambiental, social y a los derechos humanos . En este sentido, recomendó “tomar las medidas necesarias sobre empresas y derechos humanos en línea con sus obligaciones internacionales y garantizar que las compañías que operan en áreas de alto riesgo o conflicto lleven a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos alineada con los principios rectores de ONU”.
Desde CICDHA, celebramos las recomendaciones realizadas por Ecuador, Kenia, Perú y Palestina. Estas marcan un precedente en el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos en la perspectiva de exigir a los Estados miembro la adopción de medidas que garanticen el cumplimento efectivo de sus obligaciones extraterritoriales frente al comportamiento de las empresas y bancos que están bajo su jurisdicción, como ocurre en los proyectos y actividades llevados adelante por empresas de China o con financiamiento de ésta.
Con estas recomendaciones, exhortamos al Estado chino a responsabilizarse por sus acciones en el extranjero, en cuya perspectiva, debe asumir el compromiso de establecer puentes de diálogo con la sociedad civil latinoamericana para avanzar en el fortalecimiento de los derechos humanos e implementar mecanismos de protección socioambiental en todo el ciclo de los proyectos que están anclados a su financiamiento o modelo de inversión.
CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN
*El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) está integrado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), Centro de Documentación e Información de (Bolivia), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), Proteja Amazonía (Brasil) y CooperAción en Perú.