Perú

El 28 de abril de 2009, Perú y la República Popular China firmaron un Tratado de Libre Comercio que entró en vigencia el 01 de marzo de 2010, que compromete a ambos países a liberalizar sus sectores de servicios y ofrecer trato preferencial a sus respectivos inversionistas, resultado que se ha traducido en el irrespeto de los derechos de las comunidades que habitan en las áreas de influencia donde llevan adelante proyectos mineros por parte de empresas chinas. Perú es uno de los principales productores del mundo de cobre, zinc, plomo y otros minerales que la economía e industria china necesita con urgencia. La importancia estratégica de este sector se refleja en la cartera de proyectos de capitales chinos destinados, básicamente, al sector de recursos naturales.

El 32% de las inversiones en minería está en manos de empresas chinas. Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a enero de 2017, las empresas chinas— Shougang Corporation, Chinalco (Ica), MMG (Apurímac), Shouxin, Nanjinzhao Group Co., Jiangxi Copper, Junefield Group, Zijin Mining Group (Piura), Toromocho (Junín) entre otras— comprometieron US$ 10,189 millones de inversión en 7 yacimientos mineros, mayoritariamente cupríferos: Pampa del Pongo (Arequipa) con US$ 1,500 millones; Galeno (Cajamarca) con US$ 2,500 millones, Don Javier (Arequipa), Explotación de Relaves (Ica) y Río Blanco (Piura) con US$ 2,500 millones, así como la ampliación de Toromocho (Junín) con US$ 1,350 millones y Marcona (Ica) con US$ 1,500 millones, además del proyecto Las Bambas (Apurímac) con US $10,000 millones.

Las más grandes minas en manos chinas son Las Bambas, Toromocho y Marcona, las cuales han contado con la aceptación de  las comunidades locales, sin embargo, se vienen vulnerando derechos laborales, medioambientales, a la salud, a la libertad de tránsito, entre otros.  Situación distinta es la del proyecto Río Blanco -que aún se encuentra en etapa de exploración-, el mismo que no cuenta con licencia social y de acuerdo a denuncias de los miembros de la Comunidad de Segunda y Cajas,  ocupa territorios comunales de manera irregular, ubicándose además en ecosistemas frágiles, como son los páramos y bosques de neblina.

En el caso de la mina Las Bambas, las comunidades campesinas, pueblos indígenas y la población en general de la provincia de Cotabambas, región Apurímac, han protestado porque no se han producido procesos de consulta previa y participación ciudadana, para producir modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Han protestado por el polvo, la vibración y el ruido  que produce el tránsito de 370 camiones diarios por una carretera sin asfaltar, la misma que no fue incluida en el EIA, y que atraviesa los territorios de 18 comunidades campesinas. El conflicto suscitado por este y otros temas ha tenido el lamentable saldo de 4 personas fallecidas por disparos de bala, de manos de efectivos de la Policía Nacional del Perú, en el marco de un Convenio de Seguridad firmado entre la comandancia policial y la empresa minera. La Mesa de Diálogo que se instaló entre el Gobierno Nacional, las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC y la Empresa china MMG ha sido suspendida inconsultamente desde fines del 2016.

En el caso del proyecto Toromocho, la población de la ciudad de Morococha fue desplazada a una nueva ciudad; sin embargo, la población reubicada denuncia el incumplimiento del EIA del Reasentamiento, el cual forma parte del EIA del proyecto Toromocho cuyo titular es la empresa estatal china Chinalco.  Sostiene que, el reasentamiento, lejos de mejorar su calidad de vida, como fue comprometido, se ha venido deteriorando debido a que la nueva ciudad no cuenta con condiciones para desarrollar actividades económico-productivas que permitan el sustento diario de las familias (1). Asimismo, señalan que Nueva Morococha ha sido construida en una zona de alto riesgo ambiental, debido a la cercanía a una laguna de relaves y al hecho de haber sido construida sobre un bofedal (pantano) que hace que exista un alto porcentaje de humedad con los consecuentes impactos en la salud de la población. Actualmente, en la Antigua Morococha todavía se encuentran viviendo entre escombros más de 60 familias, quienes no quieren reubicarse en la nueva ciudad, debido a la ausencia de oportunidades laborales y la falta de condiciones de salubridad.

En el caso de la mina Marcona operada por la empresa Shougang Hierro Perú, propiedad de la empresa estatal china Shougang Group, uno de los principales problemas es que a pesar de que Shougang tiene una alta rentabilidad en sus operaciones, las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores no son las adecuadas. Mientras que las utilidades de la empresa bordean en promedio los US$ 1 mil millones anuales, los salarios de los trabajadores representan aproximadamente US$ 50 millones. Los trabajadores de Shougang denuncian una serie de violaciones a los derechos laborales, sindicales y condiciones de trabajo precarias. Shougang ha negado reiteradamente el derecho de los trabajadores y de su organización sindical a la negociación colectiva.

Finalmente el caso del proyecto minero Río Blanco operado por el consorcio chino Zijin, es un proyecto que tiene como antecedente la usurpación de tierras, actúa sobre el territorio de comunidades campesinas de manera irregular desde mediados de los años noventa. Las comunidades directamente afectadas por el proyecto Río Blanco son: las comunidades campesinas de Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba) en Piura y las comunidades y poblaciones de la provincia de San Ignacio (Cajamarca), en tanto el principal río de dicha localidad (Chinchipe) tiene sus nacientes en los páramos y bosques de neblina de ésta zona. Los pobladores de las comunidades campesinas afectadas siempre han basado su desarrollo socioeconómico en la actividad agrícola, en la agroexportación, en el turismo ecológico. Uno de los ecosistemas más importantes de la zona es el páramo, que sirve de colchón natural de absorción, mantenimiento y distribución de las aguas originadas por los bosques de neblina. De realizarse  la actividad minera se afectaría irreversiblemente este ecosistema.

En todos los casos, otro de los sectores de las poblaciones afectadas son quienes mantienen una relación laboral directa con la empresa; es decir, sus trabajadores. Existen casos de  muerte de trabajadores laborando, cuyas causas no han sido esclarecidas.

(1) En el EIA, la empresa se comprometió a construir el campamento minero al lado de la nueva ciudad; situación que no se ha cumplido. En la Antigua Morococha la población tenía como principal actividad económica en la venta de bienes y servicios tanto a las empresas mineras como a sus trabajadores.